Adiós, juzgados: una reforma que lo cambia todo
La justicia encara la mayor reorganización de su planta judicial en décadas; los funcionarios ponen el foco en un problema crónico: la falta de medios y de personal
Los juzgados y tribunales españoles viven su particular metamorfosis. En el año que arranca, la planta judicial del país vivirá su mayor reorganización en los últimos 70 años. Abogados, procuradores, jueces, fiscales, graduados sociales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios –y, por supuesto, los ciudadanos– tendrán que acostumbrarse a que los juzgados serán cosa del pasado. Estos órganos unipersonales, en los que la máxima autoridad es un juez o un magistrado, ya no serán el primer escalón para solicitar ayuda a la justicia; serán sustituidos por una nueva figura, los tribunales de instancia, donde ganará protagonismo la toma de decisiones de forma colegiada.
Puntos fuertes y débiles de la norma
Puntos fuertes:
Menos burocracia. La ley de eficiencia busca unificar las sedes judiciales y reducir el número de oficinas. El plan se complementa con la celebración de juicios telemáticos que eviten el desplazamiento de los ciudadanos.
Dotación de jueces. Con la llegada de los tribunales de instancia, los jueces que conforman los juzgados unipersonales formarán parte de los tribunales de instancia. Esta medida facilita la llegada de magistrados en los territorios donde hay más litigios, con el fin de repartir la carga de trabajo y evitar otro colapso en la justicia.
Criterio similar. Los tribunales no emitirán criterios dispares en los procedimientos similares. De esta forma, los magistrados que compongan los distintos tribunales irán a una a la hora de emitir sentencias y se reducirá así el número de recursos en las resoluciones de primera instancia.
Puntos débiles:
Financiación. La falta de presupuesto es la principal piedra en el camino de la norma. Para hacer frente a esta macrorreforma será necesario contar con mucho presupuesto para invertir en infraestructura, tecnología y recursos humanos.
Plazos. Dentro de tres meses la normativa entrará en vigor y los expertos creen que es un plazo muy corto de tiempo para llevar a cabo una reforma de la justicia de este calado. “Este periodo tan breve plantea serias dudas sobre la capacidad de los operadores jurídicos y de las Administraciones para adaptarse a los cambios que la reforma exige”, reconoce Javier Segura Zariquiey, decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona y vicesecretario del Consejo General de la Procura.
Tecnología. La macrorreforma viene acompañada de una dotación tecnológica, como la carpeta justicia o el expediente judicial electrónico, para facilitar el acceso de los ciudadanos al servicio público de justicia. No obstante, esta transformación digital se está desarrollando a dos velocidades. “Las competencias del ministerio son mucho más avanzadas que en las comunidades autónomas y los servicios que ofrecen no están disponibles”, denuncia el Consejo General de los Graduados Sociales de España.
