Badia del Vallès, la ciudad de 5.400 pisos sociales que perderán la protección este año: “Igual viene gente más selecta”
Pegado a Barcelona y construido hace 50 años por el Instituto de la Vivienda franquista, el polígono de viviendas afronta el salto al mercado inmobiliario por el fin de la calificación como VPO
Badia del Vallès (13.000 habitantes muy cerca de Barcelona) tiene tantas singularidades que urbanistas o antropólogos sacarían material para varias tesis doctorales. Es el único municipio de España con el 100% de vivienda de protección oficial (VPO). Son 5.400 pisos en 190 edificios levantados hace 50 años por el Instituto de la Vivienda franquista, y que este año perderán su condición de protegidos. Adjudicados inicialmente a empleados públicos o de empresas públicas (Renfe, Seat, Telefónica, Macosa...), pasarán al mercado libre. El cambio se produce en plena crisis habitacional, con un parque de vivienda pública pírrico cuando más falta hace, y cuando las administraciones (también el Gobierno de Pedro Sánchez) plantean que la calificación de protección oficial sea indefinida para los nuevos pisos públicos. Todo un reto para un municipio donde, además, la población está muy envejecida y, por cuestión de edad, aguarda un relevo de vecinos.
Fraude masivo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y desahucios
Antes del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, en Badia del Vallès se produjo un fraude masivo en la compraventa de pisos de protección. El frenesí del ladrillo y los precios por las nubes llegaron a este municipio donde, legalmente, la vivienda solo se puede traspasar a precio tasado mientras se mantiene la protección. Cientos de viviendas protegidas fueron vendidas (muchas a familias de origen marroquí) a precios que multiplicaban por cinco su valor legal, un negocio en el que participaron los mismos propietarios, cajas de ahorro y notarios. La Generalitat acabó interviniendo, instando a entidades y notarios que no hicieran la vista gorda y mediando para frenar desahucios. El fraude estalló cuando las familias compradoras se quedaron en paro y no pudieron pagar unas hipotecas desmadradas de precio. La resaca fue larga y años más tarde las familias que habían perdido la vivienda toparon con una nueva deuda: Hacienda les reclamó las plusvalías tras haber entregado sus pisos a los bancos.
