Casas para turistas: un negocio de doble filo

Autoridades y usuarios afrontan un agrio debate sobre la regulación de una actividad asentada en la economía, pero que eleva la presión sobre el arriendo residencial

Mar 30, 2025 - 01:00
Casas para turistas: un negocio de doble filo

España batió el récord de turistas en 2024, concretamente recibió 94 millones de viajeros extranjeros, y estos a su vez elevaron el gasto un 16% hasta los 126.000 millones de euros, también máximo histórico. Además, 2025 parece llevar la misma senda ascendente ya que se espera que se rompa la barrera de los 100 millones de turistas. Paralelamente, el número de viviendas de uso turístico tuvo un crecimiento medio anual del 17,5%, según un informe de Exceltur. Aunque en Valencia, Madrid, Córdoba y Alicante superan el 20% de incremento.

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Diversidad de medidas normativas

La pregunta del millón es si es posible la convivencia, especialmente en las zonas más tensionadas. Comunidades y ayuntamientos llevan años ensayando diversas medidas que pasan, en la mayoría de veces, por la limitación de las licencias. Barcelona fue una de las pioneras al paralizar la concesión y ahora prevé la retirada para 2028 de las 10.000 licencias que se mantienen. Málaga ha prohibido nuevas concesiones en 43 barrios y Madrid prevé hacer lo mismo en el centro cuando compartan espacio con los vecinos. Medidas que Mansilla considera un avance, aunque avisa: “Si no se hace un avance más coordinado y frontal de diferentes aspectos, puede ser que tenga un impacto en un principio, pero no lograremos tener un impacto significativo en la mejora del precio o la accesibilidad de la vivienda”. 
Martos aboga por “una combinación de regulación del volumen de licencias, del número de días permitidos y sanciones contra la oferta ilegal”. Y desde Provivienda, Jarabo se remite a los consensos registrados en un estudio encargado a 40dB: la limitación de las licencias (el 69,4% se muestra de acuerdo), la ampliación del parque de vivienda por parte del sector público en colaboración con el privado (79%), así como la regulación del precio de los alquileres (74,3%).