Comida casera para combatir la mala calidad en los comedores escolares de Andalucía

Adelante Andalucía ha presentado este viernes una ley de comedores escolares que pretende cambiar el modelo de prestación de este servicio, para que todos sean de gestión directa, es decir atendidos por personal de la Junta de Andalucía, y con cocina in situ, poniendo fin, así, a la gestión indirecta (a través de convenios y externalización), que es el patrón que se ha consolidado en los últimos años en la comunidad. A la espera de ver si prospera en el Parlamento autonómico, la iniciativa ha puesto el foco sobre una de las quejas recurrentes de las familias andaluzas: la mala calidad de la comida que sus hijas e hijos ingieren y la opacidad a la hora de poder acceder a esos menús y constatar si cumplen con los criterios establecidos en cuanto a cantidad, estándares nutricionales y origen ecológico de los alimentos.

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Una inversión de 446 millones de euros

Adelante Andalucía considera que los cambios en el modelo de comedores escolares que recoge su propuesta de ley -que la gestión sea directa y por tanto pública y que todos los centros tengan una cocina in situ- supondría una inversión de 446 millones, 105 para la adaptación de las infraestructuras y otros 100 -anuales que se extenderían hasta los 341 millones en un plazo máximo de tres cursos escolares hasta llegar al 100% del cumplimiento de la ley, para garantizar la gratuidad de los menús, de acuerdo con la memoria económica que acompaña a la norma. “No pedimos la luna”, ha dicho su portavoz, José Ignacio García. La Junta ha destinado este año 87 millones al servicio de comedor escolar.

La iniciativa de la coalición andalucista pasa también por extender la obligatoriedad de la existencia de comedor en los centros de educación secundaria y por garantizar la presencia de profesionales especializados para atender a los menores con necesidades especiales, una carencia que también llevan demandando las Ampas.