Consumo abre expediente sancionador a varias gestoras de pisos turísticos
Les acusa de alquilar viviendas haciéndose pasar por particulares, lo que vulnera varios artículos de la Ley de Competencia Desleal. Se exponen a multas de hasta 100.000 euros o de cuatro a seis veces del beneficio ilícito obtenido si supera ese importe
Nuevo golpe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra los pisos turísticos. Si el pasado 18 de diciembre anunció la apertura de un expediente sancionador a Airbnb al no retirar “miles de anuncios de pisos turísticos sin licencia”, algo que la plataforma negó, esta mañana ha anunciado la incoación, a través de la Dirección General de Consumo, de varios expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. El departamento de Bustinduy no detalla, no obstante, ni cuántas empresas van a ser sancionadas, ni el nombre de las mismas o en qué autonomías están operando.
