De la moratoria al uso de los purines como biometano: Castilla-La Mancha levanta la suspensión a las macrogranjas
El Gobierno regional ha aprobado un discutido decreto que apuesta por la transformación y acaba con la medida que durante tres años había paralizado más de 60 nuevos proyectos
Ni una moratoria fake ni una norma para mejorar la gestión de los purines generados por las macrogranjas de porcino. Las plataformas vecinales y organizaciones ecologistas que se oponen a la ganadería industrial rechazan las nuevas medidas del Gobierno de Castilla-La Mancha, en vigor desde este año, para regular una actividad que supone el 18% del Producto Interior Bruto regional, con una facturación anual de casi 1.000 millones de euros y el 7,6% de la producción nacional. El pasado 31 de diciembre finalizó la moratoria que el Ejecutivo del socialista Emiliano García-Page aprobó tres años antes para frenar la ampliación o instalación de nuevas macrogranjas en esta región y que unos días después motivó la primera protesta de estos colectivos frente al Palacio de Fuensalida en Toledo, sede del Gobierno regional. Si la suspensión ya fue calificada en su momento por estas plataformas como un “coladero”, la nueva normativa tampoco ha servido para calmar los ánimos en los municipios de Castilla-La Mancha que conviven con este modelo de ganadería industrial.
