Demanda pionera contra la contaminación ganadera: afectados de As Conchas alegan “vulneración de derechos fundamentales”
Vecinos y ecologistas denuncian a la Xunta de Galicia y otras entidades ante el Tribunal Superior por los vertidos de macrogranjas y argumentan que los antibióticos usados en los animales generan resistencias en los humanos
Será la primera vez que un tribunal evalúe el impacto de la ganadería industrial en los recursos hídricos, desde el punto de vista de la vulneración de los derechos fundamentales, es decir, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y el trato degradante, el derecho a la vida privada y familiar y el derecho al domicilio y la protección de la propiedad. Quienes se tendrán que defender son la Xunta de Galicia (PP), la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (dependiente del Gobierno central y alternativamente en manos del PP y el PSOE) y varios Ayuntamientos de la zona afectada, alrededor del embalse de As Conchas (Ourense) o a orillas del río Limia (Bande, Muiños, Lobeira, Trasmiras y Os Blancos). Siete vecinos, más la propia comunidad local del pueblo que se llama igual que el embalse, As Conchas (Lobeira), y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU —con el apoyo de Amigas de la Tierra y ClientEarth— dan por primera vez este paso en Europa. Lo hacen, según difunden en un comunicado, en defensa “de las personas afectadas que residen o han residido en la localidad de As Conchas así como de los consumidores del abastecimiento de agua” de dos comarcas de Ourense. Se trata de A Limia, donde localizan el origen del problema, con centenares de macrogranjas de cerdos y pollos, y A Baixa Limia, donde supuestamente se acumulan en el embalse, antes de la presa construida por Fenosa (hoy Naturgy), los excrementos generados por una población de casi dos millones de cerdos (1.982.242, según un cálculo de 2023).
Un precedente en Galicia
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya falló anteriormente en contra de las pretensiones de una macrogranja y la supuesta manga ancha de la Xunta. A finales de 2021, la sala de lo Contencioso-Administrativo anuló la declaración de impacto ambiental favorable a una macrogranja suministradora del Grupo Coren, una de las mayores empresas cárnicas y de producción de huevos de España. Lo hizo después de que una familia vecina de Rairiz de Veiga (A Limia) se atreviese a enfrentarse a Goliat tras ver cómo la Xunta ni respondía a sus alegaciones. La autorización autonómica había permitido duplicar la capacidad de la nave de cría, en terrenos colindantes a los afectados, desde los 22.932 pollos hasta los 47.970 (un total de 287.820 aves en seis ciclos de cría al año). La información que manejaron los magistrados para su sentencia revelaba que una década antes ya se contaban en la comarca 350 instalaciones con cerdos y pollos, pero también con vacas y conejos.
Según el TSXG, el departamento de la Xunta encargado de velar por el medio no evaluó el impacto en las aguas, ni en las colonias de aves que habitan el paisaje protegido por la Red Natura, tal y como lleva denunciando décadas la Sociedade Galega de Historia Natural. Tampoco se preocupó por las personas del entorno, que ven vulnerado su “derecho a la salud”, a “disfrutar de un medio ambiente adecuado” e incluso a la “inviolabilidad del domicilio” por las pestilentes emisiones del “amoníaco, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y metano” de las granjas. Por no mirar, según la anterior sentencia, la Xunta no miró ni la desbocada situación en su conjunto: la contaminación y los efectos acumulativos de los residuos de tanta macrogranja como se ha ido autorizando durante años, en un paisaje donde la tierra ya no es capaz de digerir los vertidos de purín.
