El cerco a los 250 agricultores con cultivos ilegales en Doñana se estrecha
La Fiscalía ha pedido a Transición Ecológica que cierre los invernaderos de estos empresarios detectados por la Guardia Civil tras saquear el agua durante décadas
Cientos de agricultores freseros en el entorno de Doñana han expoliado durante décadas el acuífero de la reserva y una multa tras otra no les han disuadido de cultivar al margen de la ley. Sin embargo, es posible que esta vez sea distinta. El asedio de las autoridades ―agentes medioambientales, guardería fluvial, Seprona y la Fiscalía de Huelva con condenas penales, pero sin cárcel― tuvo hace 10 días un episodio inédito hasta ahora: la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que cierre las 250 fincas detectadas por la Guardia Civil como ilegales por carecer de permiso o sobrepasarlo. Y que lo haga mediante precintos o multas coercitivas, cualquier método radical que impida la sucesión eterna de pozos ilegales, según confirman fuentes del ministerio público.
