El Congreso congela la cuestión de confianza sobre Sánchez que exige Junts
Los socialistas han negociado con la formación de Puigdemont y tras las dudas de Sumar han decidido darse más tiempo para adaptar esa propuesta al Reglamento de la Cámara
La Mesa del Congreso ha aplazado este jueves la decisión sobre qué se hace con la propuesta registrada por Junts para considerar una cuestión de confianza sobre la gestión de Pedro Sánchez. Esa decisión supone ganar tiempo para el Gobierno y el PSOE muy presionados por las exigencias de la formación que lidera Carles Puigdemont, que tiene previsto comparecer este viernes en Bruselas. Fuentes de la Cámara indican que Junts ha valorado como apropiado este nuevo aplazamiento. Desde Sumar también se habían expresado algunas dudas sobre la oportunidad de rechazar esa medida y su representante en la Mesa, Gerardo Pisarello, informó de que ahora buscarán la manera de “adaptar” la propuesta de Junts a lo que requiere el Reglamento de la Cámara baja sobre una prerrogativa que solo corresponde plantear al propio jefe del Ejecutivo.
Perder una cuestión de confianza sí tiene consecuencias y abre un proceso de investidura
La presentación y posible aprobación o rechazo de una cuestión de confianza no es un asunto menor, sin consecuencias políticas para el Gobierno y su presidente. El artículo 112 de la Constitución refleja cómo debe articularse y en teoría por quién: “El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados”. El artículo 114 específica: “Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99”. Este artículo es el que regula normalmente los procesos de investidura.
Lo que Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha registrado en el Congreso es una proposición no de ley en la que solo se puede instar, si fuese aceptada, a que sea el jefe del Gobierno el que asuma esa reclamación de la cuestión de confianza, en principio sin más consecuencias. El debate técnico, jurídico y político en ciernes es precisamente sobre hasta qué punto asumir esa propuesta tendría consecuencias y vinculaciones obligatorias para el presidente para aceptar ese debate, pero también sobre si ese hecho podría suponer en realidad ya un cierto cuestionamiento o varapalo de la propia labor del presidente. En el propio grupo socialista hay posiciones diferentes y dudas al respecto y también en Sumar. Pero lo que los letrados del Congreso han ratificado a preguntas de miembros de la Mesa es que si el debate de la cuestión de confianza llegase a pleno y esta fuese rechazada por una mayoría, se tendría que poner en marcha un proceso de investidura.
