El Constitucional anula parcialmente un decreto del Gobierno sobre FP a petición de Cataluña
La Generalitat presentó un recurso al considerar que la normativa aprobada, excesivamente detallada, invadía sus competencias
El Constitucional ha anulado parcialmente la legislación estatal sobre Formación Profesional, al admitir un conflicto de competencias planteado por la Generalitat de Cataluña contra el real decreto de 2023 por el que el Gobierno reguló esta materia. El Ejecutivo catalán consideró que dicha normativa vulneraba sus competencias en materia educativa. La Generalitat anunció la interposición del conflicto explicando que diversos artículos de dicho real decreto “exceden del ámbito de la regulación básica estatal en materia de educación y que, además, en muchos casos inciden en aspectos meramente ejecutivos y organizativos que corresponde determinar a la Generalitat”. La demanda razonaba que dicha vulneración se producía “bien por no existir habilitación legal para poder regular por reglamento las cuestiones controvertidas, bien por tener un carácter excesivamente detallado que limitaba las competencias autonómicas”.
