El crimen de Badajoz destapa los fallos de los centros de menores infractores: falta de personal, precariedad y privatización
Profesionales y expertos critican las condiciones de trabajo en estos pisos, a menudo a cargo de empresas privadas contratadas por las Administraciones autonómicas, donde se deben cumplir medidas impuestas por resolución judicial
La muerte de Belén Cortés, de 35 años, en un piso de Badajoz mientras trabajaba cuidando de un grupo de menores que cumplían diferentes resoluciones judiciales ha puesto sobre la mesa la falta de medidas seguridad que pueden tener estas viviendas y la precariedad laboral a la que se enfrentan las personas que desempeñan estos empleos, a cargo de empresas contratadas por las Administraciones autonómicas. El homicidio, en el que hay tres menores implicados, se cometió una noche en la que ella era la única cuidadora a cargo de los jóvenes. Los compañeros de la víctima aseguran que llevaban meses alertando de que el comportamiento de los chicos era “cada vez más agresivo” y que no se podía permitir que se quedara con ellos solo una persona.
