El Gobierno, a ley de quiebras
La Administración de Gustavo Petro no tiene el presupuesto suficiente para pagar todas sus cuentas, y el aumento del salario mínimo no representa un alivio para la economía
Cuando una empresa, en este caso el Estado, no tiene con qué pagar las cuentas de sus acreedores, el insolvente debe dirigirse a un centro de conciliación autorizado y presentar, en condición de deudor, un informe que indique las causas específicas que lo llevaron a la cesación de pagos, que según el Gobierno es la negativa del Congreso a la Ley de Financiamiento. En realidad, lo que buscaba una reforma tributaria pidiendo la bobadita de 12 billones de pesos, aunque en su última versión solo recogería 3 billones en nuevos recursos, fue un esfuerzo del MinInterior para aprobar la ley que el Parlamento no se tragó; los mandaron al carajo.
