El Gobierno asegura que el PP no se atreverá a prevaricar y rechazar a los menores
El partido de Feijóo descarta por ahora una acción coordinada de oposición al reparto. La ministra Rego asegura que hay “mecanismos para sancionar a las comunidades” que no cumplan la norma
El Ejecutivo no parece muy preocupado por el frente común que están fraguando las comunidades gobernadas por el Partido Popular contra el real decreto ley que hará que las comunidades autónomas acojan a los más de 4.000 menores que ahora están en Canarias y otros 400 en Ceuta. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado este miércoles que existen “mecanismos para sancionar a las comunidades del PP” que se nieguen a aceptar a estos menores. Fuentes del gabinete de Alberto Núñez Feijóo se escudan en que los territorios no “tienen más plazas” y que, además, no se da “suficiente dinero” a las comunidades. Para ERC, el pacto es “el mejor peor acuerdo” posible.
Page lamenta el pacto “con un supremacista identitario como es Puigdemont”
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado una vez más la que considera dependencia del Gobierno de Junts, clave para que el Congreso apruebe antes de un mes el real decreto por el que se pretende redistribuir a los miles de menores inmigrantes que se concentran en Canarias. “Lecciones de solidaridad no voy a admitir ni de los que pactan con Vox, con la extrema derecha, ni de los que pactan con la extrema derecha independentista con un supremacista identitario como es [Carles] Puigdemont”, ha cargado en una visita a Mira (Cuenca), uno de los municipios afectados por la dana de octubre.
El barón del PSOE piensa que el Ejecutivo “no tiene política de migración” y ha tildado al acuerdo con los neoconvergentes para modificar la Ley de Extranjería de “parches sobre la marcha”. Su comunidad sería la sexta que más menores tendría que acoger de Canarias (291), por detrás de Madrid (806), Andalucía (795), Comunidad Valenciana (478), Galicia (325) y Castilla y León (310). Ahora mismo cuenta con 570 plazas y según los datos del Gobierno central debería disponer de 937 plazas óptimas. “De la reubicación [de los menores] no avisa el Gobierno, avisa Puigdemont, que es el que manda”, ha criticado.
García-Page no descarta presentar un recurso de inconstitucionalidad. “Es bastante insultante que amanezcamos con una ley aprobada sin haber hablado con las comunidades autónomas”, ha protestado antes de apostillar: “Solidarios, sí; tontos, no”.
