El Govern activa el registro de grandes tenedores para detectar los pisos vacíos que hay en Cataluña
El amplio decreto ley con cambios para agilizar y fomentar la construcción de vivienda protegida ha de ser convalidado por el Parlament
El Govern del president Salvador Illa ha aprobado este martes en su reunión semanal un amplio Decreto Ley con cambios de calado en relación con la vivienda. Hay novedades en materia de obras públicas, trámites administrativos, pisos protegidos y urbanismo, aunque los detalles no se conocerán hasta que este miércoles se publique en el Diario Oficial de la Generalitat. Por un lado, son modificaciones que buscan fomentar y agilizar la construcción de vivienda de protección (VPO), cuando el ejecutivo del PSC ha prometido 50.000 nuevos pisos de alquiler asequible en 2030; construyéndolos o por otras vías como la compra. Y por otro, responden a compromisos del pacto de investidura adquiridos con ERC o los comunes (los más posibles socios a la hora de convalidarlo en la Cámara), como la creación de un registro de grandes tenedores en el que deberán inscribirse los propietarios de 10 o más viviendas. Un fichero al que será obligatorio inscribirse (si no, los caseros se enfrentan a multas de acuerdo a “infracciones graves”). Sus objetivos son dos. Uno, detectar vivienda vacía para poderla incorporar al parque público. Y dos, facilitar el cumplimiento de la regulación del precio del alquiler. Esa norma dice que los grandes tenedores deben ajustar el precio al índice oficial y hasta ahora los inquilinos solo lo podían saber consultando el registro y pagando por notas simples.
Regularización de urbanizaciones
El decreto ley aprobado este martes incluye un epígrafe sobre la regulación de urbanizaciones construidas entre 1956 y 1981 en suelo no urbanizable. El texto señala que tendrán que regularse mediante planes especiales urbanísticos, que determinarán los servicios básicos que debe tener cada uno de estos barrios (alumbrado, alcantarillado) "que deberán pagar los propietarios de las casas". "No habrá que realizar cesiones de suelo público a las administraciones si la urbanización tiene la mitad o más de su superficie consolidada", precisa el decreto.
