El Pacto de Estado contra la violencia de género llega al Pleno con los grupos parlamentarios en bloque frente al rechazo de Vox
Entre las 462 medidas aprobadas, los partidos instan a aprobar la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación, la definición de la violencia económica y mejorar la atención a las víctimas de violencia vicaria
“El trabajo conjunto que hemos hecho todo este tiempo, el consenso es tal, que nos parece mucho más importante que el negacionismo y el disenso de Vox”, decía este lunes Andrea Fernández, del PSOE, tras salir de la comisión en la que todos los grupos parlamentarios, salvo la ultraderecha, han apoyado el documento con las 462 medidas contenidas en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un texto que, entre muchas otras cuestiones, reconoce y refuerza la lucha contra “la violencia digital, la económica y la vicaria”, como ha apuntado durante su intervención Beatriz Álvarez Fanjul, del PP. Para ella, el mejor resumen de los dos años de trabajo empleados en lograr este documento es el “convencimiento” existente entre los diferentes grupos políticos de que este pacto “es la mejor herramienta para combatir la violencia”.
Algunas de las medidas del Pacto de Estado
El documento del Pacto de Estado es resultado de los trabajos que se iniciaron la pasada legislatura y que se retomaron el pasado mes de mayo, más de dos años con decenas de reuniones. Entre las medidas aprobadas que aparecen en el informe, según informa Europa Press, los grupos instan a aprobar la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos. Esta Ley apuntan que establecerá “mecanismos adecuados” para la prevención, el refuerzo de la persecución de oficio del delito.
Además, precisan que pondrá en marcha servicios y programas de protección social, reparación y recuperación integral de las víctimas de trata y explotación sexual, con una previsión de costes y una dotación adecuada de recursos humanos y económicos para su implementación y seguimiento.
Por otro lado, quieren reformar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para incluir como víctimas de violencia de género a aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, con ocasión de los regímenes de visitas.
Piden promover, desde el Ministerio de Igualdad, en el marco de sus competencias, las medidas que tiendan a garantizar una “formación especializada, inicial y continua” en materia de violencia vicaria para todos los profesionales que tengan un contacto habitual con los niños y adolescentes víctimas.
También solicitan facilitar la denuncia en sede policial a los menores, “adaptando los servicios policiales a sus circunstancias, incluyendo los espacios físicos y las dependencias donde se recogen sus testimonios, las personas que les atienden y la metodología que se aplica para realizar el trámite testifical”. Así, demanda garantizar la especialización del personal que les atiende en este primer momento, con especial atención a los menores víctimas de violencia vicaria.
Asimismo, reclaman reconocer, regular y definir la violencia económica en el derecho como forma de violencia de género. Para ello piden que se entienda como “acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores”.
Por otro lado, apuestan por sancionar a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, “difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, softwares, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias (deep fakes)”.
