El registro de pisos turísticos en Canarias se dispara un 21% desde que se anunció una nueva regulación

El número de plazas que ofertan este tipo de alojamientos supera a las de los hoteles

Feb 1, 2025 - 03:00
El registro de pisos turísticos en Canarias se dispara un 21% desde que se anunció una nueva regulación
Turistas en torno al Monumento a los Caídos, en Santa Cruz de Tenerife, en noviembre de 2022.

La vivienda vacacional mantiene su crecimiento descontrolado en Canarias a la espera de la entrada en vigor de la ley que regulará esta actividad. El número de pisos turísticos en las islas alcanza los 65.265 pisos censados, según el registro autonómico. Esto supone un crecimiento del 21% desde el pasado abril, cuando el Gobierno de Canarias sacó a consulta pública el anteproyecto de la futura norma. Se da la circunstancia de que el día 20 de aquel mes se produjeron también las multitudinarias manifestaciones contra el turismo de masas que, entre otras reclamaciones, exigían un freno a la vivienda vacacional.

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Legislaciones más restrictivas en España

Las restricciones que quiere aprobar el Gobierno canario para gestionar la sobresaturación de viviendas turísticas y su impacto en la escasez de oferta y en la subida de precios del alquiler han provocado el mismo ‘efecto llamada’ que se produjo en otros municipios, como Valencia o Málaga, en los que crecieron en 7.653 y 5.801 unidades en el último ejercicio, según el último informe de Exceltur. Contrasta, sin embargo, con las legislaciones restrictivas aprobadas por los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, los más afectados por este fenómeno.

La más radical es la de Madrid, que prohibirá a partir de agosto de 2025, fecha en la que está prevista la entrada en vigor del Plan Reside, las viviendas de uso turístico en el centro de Madrid en edificios donde compartan espacio con los vecinos (solo estarán permitidos en los 200 edificios completos identificados para poder albergar pisos turísticos). “Si un ciudadano tiene un piso y se dedica a gestionarlo profesionalmente con el alquiler turístico, generando un puesto de trabajo y actividad económica, no entiendo por qué le quitan ese derecho”, señala Adolfo Meras, presidente de Madrid Aloja, asociación que representa a 5.000 de esos caseros y a 6.000 viviendas de uso turístico (un tercio de las censadas en la capital, según el INE). Además, incide que la medida beneficiará a los grandes tenedores de vivienda. “En lugar de diez propietarios de viviendas, habrá un propietario de diez viviendas. El Plan Reside va destinado a los grandes capitales y va a convertir a Madrid en un destino elitista en manos de los fondos buitre”.

Muy crítico con el nuevo plan también se ha mostrado Chema González, presidente de la Asociación de Gestores de Apartamentos Turísticos y Vacacionales de Madrid (Asotur), que alerta del impacto negativo en la llegada de turistas. “El 43% de los viajeros que vienen a Madrid quieren alojarse en viviendas de uso turístico. Si se quita esa alternativa, Madrid perderá turistas porque optarán por viajar a otros destinos y los precios de los hoteles, lejos de bajar, seguirán subiendo”.

El veto a los pisos turísticos en el centro de Madrid tendrá continuidad en Barcelona, aunque llegará tres años más tarde. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció en noviembre que suprimirá todas las licencias turísticas en Barcelona en noviembre de 2028. En una carta remitida el pasado 26 de noviembre, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, que representa a 8.500 licencias, le exigió a Collboni transparencia, rigor y honestidad hacia la ciudadanía y que deje de demonizar al sector de los apartamentos turísticos legales, que representa apenas el 1% del parque total de viviendas de la ciudad. “Los apartamentos turísticos regulados no son la causa del problema de la vivienda ni su eliminación garantiza que estos vayan a convertirse en viviendas residenciales. Cualquier afirmación en ese sentido supone engañar a la ciudadanía. En Barcelona hay, además, identificadas 9.000 viviendas vacías y 27.000 viviendas dedicadas a otras actividades económicas”, recalca la misiva, que propone a Collboni destinar los 160 millones de euros que pagan en impuestos a políticas de vivienda pública.