Instituciones clave para un sector tensionado

El acceso a un hogar ha alcanzado la dimensión de emergencia social. Con un parque social que roza el 3,4%, frente a una media europea del 9,3%, el alquiler asequible —en el que se dedica como máximo un 30% de la renta— se ha convertido en un verdadero espejismo para jóvenes, familias vulnerables e inmigrantes. Hoy, el 75% de los inquilinos dedica más de una tercera parte, aproximadamente, de sus ingresos al arrendamiento del inmueble que habita, según datos del Ministerio de Vivienda. Dicho porcentaje se dispara en ciudades como Madrid o Barcelona.

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Euskadi tiene su propio plan

Euskadi es un ejemplo de que la vivienda social, pública o de protección oficial —un hogar es asequible cuando no se destina más del 30% de los ingresos al alquiler— tiene futuro. Escojan el término que mejor encaje en su gramática. Hay 120.000 viviendas de VPO (Protección Oficial), un tercio de todo el parque y la libre alcanza las 224.000. La ley de la vivienda recoge alquileres por 300 euros y un sistema de bonos a los más jóvenes. No es extraño que el 23% del parque de alquiler de España esté en Euskadi. “Ahora bien, tenemos que conseguir sacar más producto en alquiler al mercado”, reconoce Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco. Y añade: “El 75% del suelo urbanizable es de vivienda protegida”.
Esta particular Arcadia ha entendido muy pronto “que la vivienda es una infraestructura social”, apunta el responsable vasco. “Poco a poco vamos ofreciendo, por ejemplo, a los propietarios seguridad jurídica, en el cobro de sus alquileres, para que pongan viviendas en el mercado”. Porque el futuro es ahora. Muchas empresas de vanguardia tecnológica quieren instalarse y necesitan alojamiento y un lugar donde vivir. Ya que hay sectores, como el turístico, en los cuales no encuentras personal y no puede residir a 30 kilómetros de su lugar de trabajo. Además ha ocurrido algo único. “Por primera vez en Euskadi hay más personas viviendo solas que en pareja”, subraya Itxaso. Detrás de esta estrategia existe una filosofía de país. “La vivienda es una infraestructura social”, defiende. Hace falta, una vez más, las colaboración público-privada. “Los poderes políticos solos no podemos solucionar el problema si hay 43 municipios con riesgo de estar tensionados: deben comunicarlo para ver cómo gestionas la oferta y la demanda”, concluye. 

Un pacto de Estado para los arrendamientos

Más inversiones, menos incertidumbre y un acuerdo político entre los grandes partidos políticos. Esto es lo que se necesita para paliar la escasez de vivienda que hay en el país. Así de claro lo dijo Antonio Carroza Pacheco, fundador y presidente de Alquiler Seguro, quien además afirmó que el Estado debería de priorizar en sus Presupuestos este problema. “Tenemos que pensar si no tenemos que construir más cuarteles y menos casas, por lo que se nos viene encima”, añadió.
De acuerdo con el directivo, el país sigue avanzando en un cambio de régimen en el que los propietarios se reducen y los inquilinos crecen. Ello es parte de una transformación cultural, pero también financiera. En España, el alquiler ha llegado a un récord. En todo el país, más del 20% de los hogares está en este régimen, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). “Hay menos hipotecas, menos competencia y más restricciones al crédito”, mencionó. Carroza Pacheco achacó la situación a una falta de visión política. 
“La Administración pública no está invirtiendo en vivienda”, dijo el directivo en una conversación con José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada en la Universitat Pompeu Fabra. Incluso dijo que esta falta de recursos, sumada a una retirada de propiedades del mercado por parte de los pequeños propietarios, augura una reducción aún mayor de la oferta en los próximos años. Para abordar la problemática, Carroza Pacheco dijo que es necesario un cambio legislativo: “Hacen falta dos cosas a corto plazo: la derogación de la Ley de Vivienda y la promulgación de la Ley del Suelo”. Respecto a la primera, Carroza Pacheco consideró que la intervención estatal en el mercado, como se establece en la actual legislación, no aumenta la disponibilidad de inmuebles. 
A largo plazo, explicó, la fórmula para construir más casas se complica. “Tenemos una oferta que se ha reducido drásticamente en los últimos años, un stock de vivienda limitado y una demanda que sigue creciendo de manera constante, impulsada por la formación de nuevas familias y el crecimiento de la población”. A ello se suman el apretón de tuercas tributario que ha dado el Gobierno actual a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi). Recientemente se ha endurecido el régimen fiscal del que disfrutan estas figuras en el que se condiciona sus ventajas impositivas a la promoción de inmuebles en alquiler asequible.

Medida contraproducente
“Hemos visto como en los últimos meses se ha atacado a este régimen, que me parece suficientemente interesante para el inversor institucional, extranjero o nacional”, subrayó. Al mismo tiempo, abundó, el Ministerio de Vivienda “se apunta el tanto de que las viviendas sociales aumentan, pero no gracias a la construcción de vivienda pública, sino a través de iniciativas de organizaciones como la Cruz Roja, Cáritas o fundaciones como Techo, que operan bajo el régimen de socimi”. 
El país, según el experto, necesita un gran acuerdo entre los distintos partidos para empezar a dar una solución real a las necesidades de vivienda, pero también a una falta de empleo digno que reclaman los jóvenes. “Hace falta un pacto de Estado, pero estamos muy lejos de alcanzarlo”, sentenció.