Interior no ha impuesto ninguna sanción en los 100 primeros días del nuevo registro de viajeros
Hay 202.000 empresas que comunican diariamente datos, de las que 12.713 son hoteles y 5.021 agencias de viajes. Ambas patronales piden ser eximidas y preparan recursos ante los tribunales si no se atienden sus reivindicaciones
El 2 de diciembre entró en vigor el nuevo registro de viajeros, una norma impulsada desde el Ministerio del Interior que obliga a los establecimientos que alojen turistas, a los distribuidores que vendan billetes y a las empresas que alquilen coches a facilitar hasta 42 datos personales de sus clientes para garantizar la seguridad ciudadana. “Es un instrumento policial, de cara a la lucha contra el terrorismo y la comisión de delitos. Conocemos que en el modus operandi de las organizaciones criminales es indispensable la logística de vehículos a motor y del alojamiento”, recalcaron fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a finales de noviembre para justificar su decisión, amparándose en los resultados obtenidos en los dos años que ha funcionado de forma voluntaria, con la identificación de 18.584 personas que figuraban en bases de datos o en el sistema de información Schengen para activar órdenes de búsqueda y captura.
