Junts y la inmigración
Al acuerdo entre el PSOE y los exconvergentes le queda mucho recorrido técnico y mucha incertidumbre parlamentaria
El acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar a la Generalitat de Cataluña parte de las competencias en inmigración es uno de los más relevantes firmados hasta ahora entre el Gobierno y sus socios de investidura. Lo es desde el punto de vista de la materia delegada: la gestión de la inmigración, uno de los asuntos que —pese a que los datos reflejan que, en el conjunto de España, no es tanto un problema real como de percepción ciudadana— más tensionan las relaciones entre territorios. Sobre todo por la demagogia que le imprime la ultraderecha, tanto la estatal como la catalana. Es, por tanto, un asunto sensible que afecta además a los derechos humanos. Y lo es también por el reto que supone delegar en una comunidad autónoma aspectos de una materia que siempre ha estado vinculada de forma casi exclusiva a la administración central. Con todo, el acuerdo no contempla la delegación del control de fronteras, sino una pequeña parte, como el control documental.
