La contraofensiva de las disidencias de las FARC reaviva la crisis en el Catatumbo
El llamado Frente 33 ha traído refuerzos de otras regiones para recuperar territorios en la zona rural de Tibú. En las últimas dos semanas se han registrado nuevos enfrentamientos, el secuestro de un líder campesino y el ataque a caciques indígenas
Las últimas dos semanas en el Catatumbo, en el nororiente de Colombia, han estado marcadas por la zozobra ante el escalamiento de la violencia. En la noche del 9 de marzo, cinco personas fueron asesinadas en Ocaña, en hechos que aún están en investigación. Unos días después, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las extintas FARC conocida como Frente 33 comenzaron una serie de enfrentamientos en la zona rural de Tibú, el municipio más poblado de la región. El 19 de marzo, este último grupo secuestró al líder campesino Joaquín Enrique Villamizar y lo acusó de ser un colaborador de sus rivales. Casi en simultáneo, recuperó el control del poblado de Versalles, también en Tibú. Mientras se calcinaba una bandera del ELN, quedaba claro para las comunidades locales que la disputa territorial está lejos de terminar.
HRW reconstruye las tensiones entre el ELN y las disidencias en los meses previos a la ofensiva de enero
Un informe de Human Rights Watch, publicado este miércoles, señala que el Frente 33 se había robustecido en los meses previos a la ofensiva del ELN en enero. Según la oenegé, organizaciones de derechos humanos y trabajadores humanitarios aportaron testimonios sobre cómo la disidencia de las FARC había utilizado el cese al fuego con el Gobierno para reclutar nuevos miembros y ampliar su control social sobre las comunidades. El ELN, de acuerdo al informe, también estaba “molesto” ante el anuncio de proyectos de desarrollo que el grupo rival acordó con el Ejecutivo, como parte de los diálogos de paz. “Los civiles que participaron en la creación de estos planes de desarrollo local corrían un alto riesgo de sufrir ataques del ELN”.
El documento enfatiza que 78 personas han sido asesinadas entre el 16 de enero y el 8 de marzo. Es una cifra cuatro veces mayor al promedio mensual de 2024 y es probable que sea mayor por un subregistro. “Los grupos armados ‘desaparecieron’ a algunas personas y los familiares de otros enterraron los cadáveres sin notificar a las autoridades”, señala Human Rights Watch. Asimismo, la oenegé hace referencia a posibles infiltrados en los albergues para refugiados. “Muchos desplazados dijeron que temían represalias del ELN en los hoteles y en el estadio de fútbol donde la gente recoge los paquetes de comida de ayuda humanitaria”.
