La guerra de los laudos: España gana una batalla clave y podría ahorrarse 1.300 de los 1.500 millones en juego
Los fondos que tienen los derechos de cobro advierten de que los tribunales fuera de la Unión Europea no tienen obligación de acatar las directrices de Bruselas
Más de 1.300 millones de euros en disputa quedarían a salvo de salir de las arcas públicas si los tribunales aplican la decisión de Bruselas de que España no abone las indemnizaciones previstas en los numerosos laudos abiertos por el recorte de las renovables de hace más de diez años. El respaldo que la Comisión Europea dio el pasado 24 de marzo al calificar de “ayuda estatal ilegal” la compensación de más de 100 millones por el caso Antin —uno de los arbitrajes más representativos por el recorte de las primas de las renovables— supone una nueva arma legal para la Abogacía del Estado, que aportará este criterio en todos los litigios que están pendientes de ejecutar y que han provocado incluso el embargo de activos españoles en el extranjero. Las indemnizaciones reconocidas hasta el momento en una veintena larga de laudos ascienden a 1.514 millones de euros (más intereses), si bien fuentes gubernamentales calculan que de dicha factura se pueden ahorrar 1.347 millones, ya que esa cantidad es la que corresponde a arbitrajes iniciados por sociedades afincadas en la Unión Europea.
