La huerta de Valencia cede a la presión urbanística y del turismo bajo el mandato de Mazón
El PP prevé la construcción residencial y de espacios deportivos en una parte del cinturón agrícola metropolitano protegido desde 2018 por una ley que la Generalitat considera un fracaso
“La huerta es un territorio especial y único que debemos proteger. Y no lo decimos solo nosotros, lo reconocen organismos internacionales como la Unión Europea o la FAO. Quieren sembrarlo de construcciones”, denuncia vehementemente Conxa Medina, portavoz de Per l’horta, un colectivo ciudadano creado en 2001 para defender unas tierras de alto valor agrícola que conviven, a duras penas, con los 1,6 millones de habitantes de Valencia y su área metropolitana. Sus asociados recogen firmas contra el decreto ley recién aprobado por el gobierno de la Generalitat, presidido por Carlos Mazón (PP), porque hace posible la construcción residencial o de instalaciones deportivas en terrenos protegidos. El PP argumenta que la ley anterior había que ajustarla porque ha sido un fracaso y que la edificación se dará solo en casos puntuales y justificados por la emergencia habitacional. Los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, estudian acciones políticas y jurídicas contra unos cambios que están convencidos aumentarán la presión urbanística sobre la huerta.
