La ordinalidad que pide Cataluña exigiría entre 4.800 y 6.100 millones más para el sistema de financiación
Fedea propone una reforma que reduzca la aportación de las autonomías a la caja común. El Estado compensaría temporalmente a las más perjudicadas
La ordinalidad que reclama Cataluña costaría hasta 6.100 millones al Estado. Esta exigencia forma parte del acuerdo de financiación singular entre el PSC y ERC que desbloqueó la investidura de Salvador Illa como president y que vinculaba a este principio su futura aportación a la solidaridad interterritorial. La ordinalidad busca que ninguna comunidad reciba menos dinero por habitante que otras autonomías que hayan aportado menos a la caja común del sistema. La Generalitat, uno de los contribuyentes netos por tener mayor capacidad fiscal, pierde posiciones relativas en el ranking territorial en beneficio de regiones como Cantabria y La Rioja, que ganan puestos tras el reparto del sistema de financiación autonómica. El ala soberanista quiere acabar con este modelo y el pacto con el PSC, a priori, sienta las bases para abrir el debate y rediseñar el esquema. En este maremágnum de posibilidades, Fedea planteó ayer un escenario del que pueden partir las negociaciones y que trata de “caminar hacia la ordinalidad, al tiempo que propone “una racionalización del actual patrón distributivo de los recursos”. Bastaría con una serie de ajustes en el modelo y con una compensación de entre 4.800 y 6.100 millones de euros para las comunidades perjudicadas por el cambio.
