Limitar la acción popular, pero no así
La propuesta socialista para evitar el uso perverso de este derecho constitucional es loable, pero parece nacida en beneficio propio
El grupo parlamentario socialista ha registrado en el Congreso una proposición de ley orgánica que restringe al máximo el ejercicio de la acusación popular en los procesos penales. La iniciativa lleva un enunciado campanudo: “De garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”. La Constitución establece que cualquier ciudadano puede ejercer la acción penal sin necesidad de haber sido perjudicado por el delito del que se trate. Este derecho es el que se pretende limitar ahora con el pretexto de que han emergido sectores “autoritarios” que buscan “la exclusión de la vida pública de los que mantienen posiciones contrarias”, sectores que abusan de la acusación popular para poner en marcha procesos contra sus adversarios.