Los abusos de algunas agencias inmobiliarias agudizan la ya descarnada crisis de la vivienda
Las asociaciones de consumidores denuncian el modelo de gestión agresiva y, en ocasiones ilegal, con el que operan algunas empresas en un momento tan crítico como el actual
Era octubre de 2024. Celia Deus, de 35 años, y otras dos amigas buscaban un piso de alquiler en Madrid. “Encontramos uno que nos gustó mucho por 1.300 euros en Idealista y contactamos con una agencia de Carabanchel que tiene muchas franquicias. Exigían el mes de alquiler, un mes de fianza y un mes de honorarios de agencia, aunque lo llamaban gastos de gestión”. Ellas sabían que la ley por el derecho a la vivienda prohíbe desde mayo de 2023 el cobro al inquilino, pero pagaron con la idea de reclamar después a través del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Tras varios intentos, la agencia citó a las tres chicas en su oficina. “Nos entregaron un sobre con el dinero en efectivo y nos hicieron firmar un documento en el que decía que no íbamos a exponer públicamente ni ante las administraciones sus prácticas abusivas”, cuenta Deus. La joven no cree que sea un caso aislado: “Se pueden ver reflejadas muchas personas que han sufrido este tipo de abusos”.
Un sector liberalizado
En el año 2000, con el Gobierno de José María Aznar, se promulgó el Real Decreto 4/2000 y se liberalizó el sector inmobiliario. A partir de ese momento cualquier persona podía dedicarse a la intermediación inmobiliaria sin necesidad de titulación previa, seguro de responsabilidad civil o póliza de caución. Los abusos a los consumidores comenzaron a merodear. “Todo se ha convertido en una selva y el maligno que va con malas intenciones puede operar mucho más libremente”, se queja Ángel Martínez, presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España. Martínez, que solicita un marco regulatorio para la intermediación inmobiliaria, deja claro que un API, a diferencia de un agente inmobiliario, necesita un título universitario para estar colegiado. Martínez dice ser consciente de las prácticas abusivas de algunas cadenas de franquicias: “Tienen objetivos más empresariales que profesionales”.
Por su parte, José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), con 400 agencias inmobiliarias y más de 5.000 agentes, cree que “es esencial seguir trabajando en la continua formación profesional en nuestro sector, así como adaptarla a las nuevas exigencias e implementar instrumentos de control y protección para los consumidores”.
