Los pisos protegidos, en declive
Pese a un presupuesto público mayor, se ha pasado de edificar una media anual de 61.000 inmuebles sociales en los noventa a 9.600 entre 2021 y 2023
Acceder a una vivienda se ha convertido en una meta inalcanzable para millones de personas en España, y la escalada de precios del sector inmobiliario ya es el primer problema para la población, según el barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A pesar de la presión social, con manifestaciones públicas cada vez más multitudinarias, el escenario está lejos de enderezarse: el alquiler ahoga a muchas familias, la compra es inasequible y la vivienda social, que ofrece una alternativa a personas con menos recursos, es cada vez más escasa.
El mal de las políticas discontinuas
España invierte en protección social en vivienda menos de una cuarta parte que la media de la UE: 34 euros por habitante entre 2007 y 2021, frente a los 160 euros de la eurozona, según el Boletín Especial de Vivienda Social 2024. Como consecuencia, el parque nacional de casas sociales apenas representa el 3,3% de las viviendas principales, muy por debajo del 9% europeo y lejos de modelos como Países Bajos (29%), Austria (24%) o Dinamarca (20%). Para Josep María Raya, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y catedrático de Economía Aplicada de Tecnocampus-UPF, la clave está en la falta de continuidad en las políticas públicas: “Miramos a países como Austria, que lleva 60 años haciendo un tipo de política, mientras nosotros seguimos empeñados en buscar regulaciones más que en estructurar una política consistente”, lamenta.
