Sancionar los abusos inmobiliarios
La crisis de la vivienda exige una actuación más robusta por parte de los poderes públicos para garantizar el cumplimiento de la ley
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 investiga desde el pasado mes de octubre a varias agencias inmobiliarias por prácticas contrarias a la ley, unos abusos que agudizan la ya de por sí acuciante crisis de la vivienda en España y generan un sentimiento de indefensión entre los consumidores. La falta de oferta —en un país donde, según el INE, el número de hogares ha crecido en la última década un 43% más que el de los pisos construidos— ha disparado los precios tanto de compra como de alquiler a máximos históricos. Un marco propicio para que algunos en el sector de la intermediación se acojan al todo vale.
