Sin financiación ni competencias claras: los intentos fallidos por crear un registro eficiente de desaparecidos en México
El hallazgo del rancho de exterminio en Jalisco ha activado una deuda histórica del Estado en materia de desaparición. La presidenta Sheinbaum ha propuesto una nueva reforma
El campo de exterminio ubicado en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha revivido una deuda histórica que el Estado mexicano tiene con miles de desaparecidos y sus familias. El problema se ha ido recrudeciendo desde hace al menos dos décadas, cuando el Gobierno de Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra el crimen organizado. Los intentos por crear un sistema de registro y búsqueda eficientes, como busca hoy el Gobierno de Claudia Sheinbaum, no son nuevos. Las presiones por el aumento en las cifras de personas desaparecidas llevó a la emisión de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda, de la que se desprende el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y la Comisión Nacional de Búsqueda. Nacieron en 2017, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la promesa de agilizar los mecanismos y priorizar la búsqueda de personas desaparecidas. Hoy, el escándalo ocasionado por el hallazgo del rancho en Jalisco ha llevado a Sheinbaum a prometer un puñado de medidas muy parecidas a las ya implementadas que buscan dar respuestas y soluciones para eficientar la búsqueda, actualizar los números y la localización de los miles de desaparecidos.
