Un expresidente del Real Madrid confiesa el pago de una mordida de 25 millones a la Gürtel dos décadas después
El constructor Fernando Martín, a quien la Audiencia Nacional prevé juzgar a partir de este lunes por el mayor pelotazo de la trama, intenta evitar su ingreso en prisión


El constructor Fernando Martín, quien fuera presidente de la promotora Martinsa y del Real Madrid, ha admitido que coordinó y participó en el pago de una comisión de 25 millones de euros a la trama Gürtel, encabezada por el empresario Francisco Correa, para asegurarse la adjudicación de un pelotazo inmobiliario en Arganda del Rey (Madrid) entre 2004 y 2006, cuando el PP gobernaba en dicho municipio. Dos décadas después, Fernando Martín ha enviado un escrito firmado a la Audiencia Nacional para confesar su implicación en la red de corrupción y ofrecer detalles de la operación. El constructor, que está previsto que sea juzgado a partir de este lunes por esta parte de la investigación que aún queda pendiente, busca así evitar su entrada en prisión, al cerrar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, que reclamaba para él casi 20 años de cárcel.
El aviso a Aguirre y a Rajoy
En 2009, tras el estallido del caso Gürtel, EL PAÍS publicó que Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, entonces gerente y tesorero nacional del PP, advirtieron en noviembre de 2004 a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en presencia del líder del partido, Mariano Rajoy, de que se estaba gestando una operación urbanística corrupta por parte de Francisco Correa en el Ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey, en torno a la venta de la parcela municipal UE-124, con respaldo de los principales cargos municipales del PP. Años después, en 2013, Aguirre confirmó esa reunión al declarar en la Audiencia Nacional como testigo: "A finales del año 2004, cuando yo acababa de ser elegida presidenta del PP de Madrid, el entonces tesorero nacional, Álvaro Lapuerta, me cita en la sede del partido. Y en el despacho de su presidente, Mariano Rajoy, y en su presencia, me advierte de que en dos municipios de la Comunidad de Madrid, Majadahonda y Arganda del Rey, sus respectivos Ayuntamientos pretenden vender unas parcelas edificables a un precio tasado. [...] La advertencia del tesorero iba en la dirección de tratar de impedir que los respectivos Ayuntamientos sufrieran una pérdida patrimonial importante, puesto que, al parecer, el precio tasado era muy inferior al precio de mercado. [...] Inmediatamente llamé a los alcaldes de ambos Ayuntamientos. Primero al alcalde de Arganda, Ginés López, quien me dijo que la parcela ya estaba adjudicada, a precio tasado, que el procedimiento era absolutamente legal y que se había hecho por unanimidad de todos los grupos políticos. Esto último resultó ser falso, pero es lo que me dijo. Por indicación del alcalde llamé también a Benjamín Martín, que era el jefe de la empresa de suelo de Arganda, quien me dijo exactamente lo mismo".