Una muerte evitable
Corresponde a los poderes públicos garantizar las condiciones laborales y de seguridad de los educadores sociales que trabajan con menores infractores para que no vuelva a repetirse un crimen como el de Belén Cortes en Badajoz
El asesinato de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, en un piso de Badajoz destinado a la reinserción de menores infractores mientras cuidaba de cuatro de ellos ha puesto de manifiesto la desprotección a la que están expuestas las personas que desempeñan estas labores y la necesaria revisión de los pliegos de condiciones que las administraciones autonómicas exigen a las empresas privadas que los gestionan. En el caso de Cortés, el homicidio, en el que hay tres menores implicados —de 14, 15 y 17 años—, se cometió una noche en la que ella era la única cuidadora a cargo de los jóvenes, cuando, según compañeros de la víctima, llevaban meses alertando de que el comportamiento de los chicos era cada vez más agresivo y que era desaconsejable dejarlos a cargo de una sola persona.
